La ciudad de Córdoba se encuentra sumergida en una de sus más severas crisis institucionales de las últimas décadas, aunqué no se vea, los ciudadanos las sienten. Este periodo crítico se debe en gran medida a un modelo de gobierno anticuado, que parece haberse quedado atrás en el tiempo. Los ciudadanos, cada vez más conscientes de esta realidad, comienzan a cuestionar la veracidad y la eficacia de las políticas actuales.
A pesar de haber experimentado alternancias en el poder, la ciudad de Córdoba parece estancada en el pasado. La modernización es una asignatura pendiente, y el sistema parece colapsado. Ahora, a esta situación se le suma un conflicto creciente entre el gobernador actual, que parece estar agotando sus últimas opciones, y una nación que intenta desmantelar un modelo que ha sido perjudicial para el país.
En este escenario, Javier Milei, aunque recientemente asumido en su cargo, está marcando un contrapunto significativo. Está desafiando a los gobernadores, exponiendo métodos de gestión basados en el amiguismo y en la negociación por poder. Sin embargo, el uso de recursos para fines no oficiales, como viajar a Buenos Aires en avión privado, pautas publicitarias, es un tema de crítica. Este tipo de gastos, considerados innecesarios, contrastan con alternativas más modestas y razonables, como el transporte en autobús o en coche.
Además, la situación fiscal en Córdoba es alarmante. La ciudad pierde competitividad debido a altos impuestos y a un enfoque de gestión que ha empobrecido a profesionales y emprendedores. La estructura impositiva actual conduce a la Ciudad hacia la decadencia, a pesar de tener un gran potencial para ser una potencia económica.
Los últimos gobiernos de Córdoba, liderados por personas ajenas a las raíces de la ciudad, han demostrado una falta de capacidad para una gestión efectiva. El resultado es evidente: una ciudad que no puede seguir aumentando impuestos sin causar más daño a su población. La demanda ciudadana es clara: reducir los impuestos para mitigar el impacto de los aumentos en el costo de vida. Sin embargo, el gobierno parece atado a compromisos pasados, sin poder ofrecer soluciones reales.
En resumen, la crisis en Córdoba es un reflejo de una resistencia a adaptarse a la realidad actual. La política y la gestión pública en la provincia deben enfrentar un cambio urgente para responder a las necesidades de sus ciudadanos. De lo contrario, Córdoba seguirá enfrentándose a un futuro incierto y potencialmente perjudicial para su desarrollo y bienestar.
