- La normativa contempla numerosas y sensibles modificaciones a la ordenanza previa 12.771, que fue derogada.
El intendente Daniel Passerini participó este jueves de la primera sesión del Concejo Deliberante en sede propia, tras años de funcionar en lugares provisorios. El flamante edificio legislativo fue inaugurado el pasado 6 de julio durante el aniversario 451 de la ciudad.
“Siento mucho orgullo y mucha emoción, pero fundamentalmente mucha responsabilidad por todo lo que tenemos que construir acá, dialogar y escucharnos para conectar, integrar y humanizar esta ciudad”, destacó Passerini frente al cuerpo de ediles y representantes de organizaciones sociales vinculadas a la salud mental y el consumo problemático en la ciudad.
“Lo que hace trascendental a este día es no solamente que el Concejo va a sesionar por primera vez acá, sino que es un muy buen punto de arranque que estén en la casa del pueblo instituciones que representan al pueblo”, expresó el intendente respecto a quienes participaron en la discusión de la nueva ordenanza en el tema, que posteriormente se aprobaría por unanimidad, entre otros temas del día.
La normativa contempla numerosas y sensibles modificaciones a la ordenanza previa 12.771, que databa de 2017 y fue derogada. “Se escuchó la voz de quienes están todos los días en el territorio y a ese problema le acercamos una solución. Aquí hay profesionales de jerarquía que enriquecieron la discusión”, valoró Passerini respecto al intenso trabajo deliberativo que implicó la nueva ordenanza, una de las funciones esenciales del cuerpo de ediles al momento de legislar.
El nuevo marco legal impacta directamente en uno de los aspectos centrales de la política pública en la materia: el Consejo Municipal de Políticas Integrales para la Prevención del Consumo Problemático de Drogas (COPIPRED).
El COPIPRED tomó impulso en 2020 por iniciativa del por entonces viceintendente Passerini, médico y especialista en toxicología, que conformó este consejo para integrar los esfuerzos de todos los actores públicos y privados abocados a esta demanda social crítica, intensificada tras la pandemia COVID-19.
Esta nueva ordenanza eliminó sesgos en torno a las adicciones e incorporó una perspectiva de derechos en salud mental mucho más abarcativa, en línea con la ley nacional 26.657.
A su vez permite aumentar la representatividad de las organizaciones relevantes en la Mesa Ejecutiva del consejo, antes limitada por la vieja ordenanza de 2017.
Ese fue justamente uno de los puntos que formaron parte de la discusión, acorde al problema y la dimensión de la política pública que busca imprimir la gestión de Passerini, quien también transformó la anterior dirección en la nueva subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, dotando esa área del Estado de mayores recursos.